La corrupción, el flagelo social en el que la sociedad mexicana se debate entre actos de venalidad, prevaricación y peculado, fue el tema principal del discurso de Andrés Manuel López Obrador durante su larga campaña para ganar la presidencia de la república e hizo referencia siempre a la corrupción promovida y ejecutada desde las más altas esferas del poder político, cuyos representantes surgieron del partido hegemónico que gobernó al país durante más de 70 años y posteriormente también por las administraciones panistas.
Considerando a la corrupción como el problema fundamental y casi único de nuestro país, prometió que, en caso de llegar a presidente de la nación, la columna vertebral de su programa de gobierno sería el combate a ésta, mediante la aplicación de medidas radicales y enérgicas hasta extirparla de raíz y que, con el dinero recuperado, se abocaría a combatir la pobreza y los males que de ella se derivan y que padecen millones de mexicanos.
Con ese discurso y en medio de un ambiente de gran inconformidad y desencanto social por parte de los grandes sectores populares deseosos de un cambio verdadero, el candidato de la alianza "Juntos haremos historia" ganó las elecciones el 2 de julio de 2018 con una votación histórica en la que 30 millones de mexicanos creyeron que la alternancia de partidos en la conducción de las riendas del país, acabaría con la corrupción de los gobernantes y con el abandono social en que los habían mantenido los gobiernos anteriores.El entonces presidente electo llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los interese personales el interés general y sostuvo que su gobierno combatiría la corrupción hasta alcanzar los eslabones más altos y que las escaleras se barrerían de arriba hacia abajo, como la forma más eficaz de cortar de tajo la raíz de este mal.
¿Qué ha pasado con esa promesa? Lo que los mexicanos hemos visto es que el Gobierno Federal ha disfrazado el combate a este flagelo con una persecución feroz en contra de personas e instituciones que no comulgan con las ideas de la actual administración, así se explica el encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de la SEDESOL y la SEDATU y del poderoso abogado Juan Collado, además de las "investigaciones" de personas u organizaciones "sospechosos".Sin embargo, las denuncias contra servidores públicos de la administración de la Cuarta Transformación por presuntos actos de corrupción cometidos en contrataciones públicas federales crecieron 272 por ciento en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al primero de Enrique Peña Nieto.De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en respuesta a una solicitud de información de Emeequis, en 2013, al inicio de la gestión de Peña Nieto, hubo 87 denuncias, mientras que el año pasado, ya con AMLO, se registraron 324 acusaciones.La Procuraduría Agraria y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabezan la lista.(LJ.MX, marzo 2020).
En estos días, el tema ha cobrado nueva relevancia y significación para la vida política del país, puesto que personajes clave de la actual administración han sido acusados de seguir poniendo en práctica este viejo mal social, a pesar de que su "combate" es reiterado en el discurso oficial del presidente.La lista no es corta: Manuel Bartlett, director general de la CFE; Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Norma Rocío Nalhe García, Secretaria de Energía; Alfonso Romo Garza, jefe de oficina de la Presidencia y ahora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, la institución que junto con la UIF tiene bajo su responsabilidad "investigar" los presuntos hechos de corrupción.Hay otros cercanos al círculo del presidente; el senador Napoleón Gómez Urrutia y Yeidckol Polevnsky, a quien recientemente el CEN de Morena acusó de daño patrimonial al partido, por no aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos.
Pero el problema va más allá; el programa "Jóvenes construyendo el futuro", uno de los programas insignia de López Obrador, está plagado de registros falsos y nombres repetidos, empresas y direcciones fantasmas y compañías reales que no tenían ni idea de que estaban inscritos o supuestamente capacitando a becarios.Además, la opacidad en los contratos públicos continúa, tres de cuatro se adjudicaron sin licitación.Entre estos destaca uno que beneficia a Ricardo Salinas Pliego, empresario cercano a López Obrador, a quien el gobierno paga por suministrar las tarjetas de débito para distribuir los fondos de algunos programas sociales del Bienestar.Y la joya de la corona, el gobierno clasificó como información reservada los estudios de factibilidad y los detalles de contratos y pagos del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros grandes proyectos de infraestructura (El Financiero, febrero 2020).
Estas y otras cuestiones han enrarecido el ambiente social y político del país, y una cantidad importante de mexicanos que creyeron en las promesas de cambio y combate a la corrupción de la 4T, comienzan a desencantarse rápidamente, ya no se diga de quienes nunca creímos en ellas.El gobierno morenista avanza a pasos agigantados hacia una crisis de credibilidad por actos gigantescos de corrupción tan escandalosos como los que ocurrieron en administraciones anteriores.No hay mucha diferencia.Los actos de los funcionarios del gabinete lopezobradorista no se corresponden con los interese más inmediatos y sentidos de las grandes masas populares, por el contrario, se alejan cada vez más del pueblo.
Esto es entendible porque la estructura económica, social y política que sirve de base al actual gobierno sigue siendo la misma, pero para terminar con la corrupción se necesita terminar con las causas que la originan que son la pobreza y desigualdad que campean sin freno en nuestro país.Querer combatir primero a la corrupción para luego acabar con la pobreza y la desigualdad es impracticable, porque para combatir la corrupción se necesitan cambiar los objetivos sociales, el modelo económico, haciéndolo más justo y equitativo para todos.
Los resultados del "combate" a la corrupción en el presente sexenio, se ha circunscrito a castigar a quienes difieren del Presidente de la República, a sus enemigos políticos y ha olvidado su promesa de trabajar con el pueblo, por lo que su combate es sólo para proteger y esconder los hechos delictivos de los predilectos de la Cuarta Transformación.Los mexicanos debemos estar atentos y conocer a los verdaderos luchadores sociales que siempre han estado de su lado.
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